Seguridad Social, una propuesta disruptiva

actualizado 26.07.2018

Un nuevo factor de incertidumbre, a modo de nubarrón amenazante, está asomándose en nuestro ya de por sí suficientemente atribulado horizonte económico. Por más que suenen trompetas triunfantes que saluden una recuperación -con independencia de la previsible disminución del crecimiento que a corto plazo plantea el Brexit-, sólo vista por unos pocos y anhelada por los muchos. El dinero de las pensiones, con la hucha vaciándose rápidamente, necesita de una urgente revisión respecto a quienes, cómo y cuánto se reparten las cuotas de aportación.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la Hucha de las Pensiones) según el último informe presentado a las Cortes Generales por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ascendía a 8.195 millones de euros -valorada a precio de adquisición- o un 0,7% de nuestro PIB al 31 de diciembre 2017. El saldo en 2017 supone escasamente un 12,3% de los 66.815 guardados a finales de 2011. El descenso del nivel del Fondo durante los últimos seis años acumula 58.620 millones de euros, lo que significa que aproximadamente 1,3 de las catorce pagas anuales, ha sido satisfecha con cargo a las reservas del Fondo al resultar insuficientes los recursos ordinarios que genera el sistema contributivo de pensiones.

Las disposiciones del Fondo de Reserva, superan ampliamente la suma anual de los rendimientos que genera más las dotaciones de excedentes presupuestarios que recibe. De no revertir esta situación, el Fondo de Reserva se agotaría a lo largo de los próximos 8 meses.

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Por más que nuestros gobernantes y líderes políticos se empeñen en afirmar que las pensiones “están aseguradas“, su aserto no ofrece base más sólida que una simple declaración voluntarista para tranquilizar el ánimo de los ya 9,6 millones de pensionistas existentes a fines de mayo 2018.

La situación actual del Fondo de Reserva carece del suficiente respaldo financiero para garantizar su sostenibilidad futura, a menos que los sucesivos gobiernos se tomen en serio como política de Estado, que no partidista, una reforma disruptiva del actual sistema de aportaciones al Fondo.

La reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, debe asegurar su suficiencia en el largo plazo, protegiéndolo de los cíclicos vaivenes adversos de nuestra economía.

Con una alta tasa de desempleo que no apunta a un claro retroceso en el inmediato futuro hacia rangos del 5-10% de la población activa -más dramática aun en lo que respecta al altísimo desempleo juvenil-, y unos bajos tipos de interés -que para el año 2017 han supuesto incluso unos rendimientos negativos del -0,12%-, se dan los factores de urgencia para que la reforma de la financiación del Fondo de Reserva ocupe una posición prioritaria en la agenda del gobierno.

El escenario de mayor longevidad de la sociedad española junto a los pronósticos de una disminución progresiva de población, y los preocupantes bajos niveles de natalidad que se enfrentan a políticas de escasa protección a la familia, plantea retos que ya fueron apuntados por el Pacto de Toledo en su Informe de Evaluación y Reforma aprobado por el Congreso de los Diputados en sesión del 29 diciembre 2010.

Unos tímidos avances en el desarrollo de las recomendaciones del Pacto en los cinco años 2011-2017, con número de afiliados a la Seguridad Social cercano a los niveles del año 2009 –18,2 millones promedio del año 2017-, y 809.000 nuevos pensionistas hasta mayo de 2018, que a duras penas siguen soportando el que la revalorización de sus pensiones continúe perdiendo poder adquisitivo siguiendo así la senda del drástico recorte del trienio 2010-2012.

REVALPENSIONES-GRAF2018

Junto a la protección de la solvencia del Fondo de Reserva, es urgente revisar los criterios y componentes que lo alimentan, es decir, las aportaciones que, en forma de cotizaciones a la Seguridad Social -un impuesto al salario, seamos claros-, aportan empresas -grandes, medianas, pequeñas-, asalariados por cuenta ajena y autónomos.

Las cotizaciones a la Seguridad Social o impuesto al salario, en su conjunto, constituyen factores de competitividad por el lado de la empresa, y corresponsabilidad solidaria en la distribución de sus cargas por parte del asalariado.

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El gráfico anterior, elaborado con datos publicados por la OCDE, muestra la contribución de las cotizaciones a la Seguridad Social y el impuesto a la renta entre empresas y asalariados.

De entre los 10 países seleccionados, principales competidores de España en el mercado global, las empresas españolas junto a francesas e italianas, son quienes más contribuyen al pago del llamado impuesto al salario, que con cuotas del 58,3% para empresas y 41,7% asalariados, se encuentran muy lejos del promedio OCDE con 36,0% y 64,0% respectivamente. La atribución de mayor carga de las cotizaciones sociales a la empresa versus el asalariado, incide negativamente tanto en la competitividad exterior como en la interior de la empresa española, vía mayores costes laborales relativos que le vienen impuestos por nuestra legislación laboral.

El siguiente gráfico desglosa los datos del impuesto al salario en sus tres componentes y la aportación que a cada uno de ellos hacen empresa y asalariado. De nuevo y con relación al promedio de países de la OCDE (34 países entre los que se incluyen los 8 aquí seleccionados), la contribución de la empresa española a la Seguridad Social es la tercera más alta, tras las de Francia e Italia, en tanto que la aportación de los asalariados supone la más baja entre los países de la muestra y con aquellos cuya contribución conjunta supera el 25% del salario.

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Una redistribución de las contribuciones a la Seguridad Social entre empresa y asalariado, aumentando la participación de éste último, tendría como valor añadido la rebaja de los costes laborales de las empresas, sin la necesidad de rebajar los salarios, ayudando así a mejorar la posición competitiva de éstas en el mercado global.

Una ecuación distributiva, que parece muy influenciada por sesgos socialdemócratas que aplican la mayor carga a la empresa, dificultando así su capacidad competitiva, en tanto deja al asalariado en una cómoda situación que poco ayuda al sostenimiento a largo plazo de su pensión, ni contribuye a dar una respuesta solvente a la demanda de mejores pensiones futuras. Ejemplos de políticas liberales, como muestran los casos de USA, Reino Unido, Alemania, Corea y Japón, suponen una mayor simetría entre las aportaciones empresa-asalariado a la Seguridad Social, a la vez que favorecen la competitividad exterior con su efecto multiplicador en la creación de empleo y aumento de las rentas del factor trabajo.

La Propuesta

La propuesta, pretende en primer lugar, acortar la brecha existente entre las contribuciones de empresa y asalariado, rebajando la primera e incrementando la segunda, hasta llegar a una relación 50/50. El aumento de cotización de los asalariados, quedaría neutralizado por una rebaja en los tipos del IRPF que compensen el mayor esfuerzo de su contribución a la Seguridad Social.

En segundo lugar, se incrementan los topes máximos de cotización, ampliando así la base de recaudación, con tipos regresivos tanto en la aportación empresarial como la del asalariado.

En tercer lugar, se propone un impuesto adicional al reparto de dividendos que serviría para “retribuir” el esfuerzo del factor trabajo en la generación del beneficio. Este impuesto, sería ingresado en la Tesorería de la Seguridad Social.

En cuarto lugar, un capítulo que demanda especial atención, es el de evaluar el impacto del incipiente pero cada día más presente fenómeno de robotización de la producción, por el que vamos viendo el incremento de la sustitución del ser humano como factor del trabajo sobre el que descansa gran parte de la financiación del modelo contributivo actual, por máquinas o robots que hasta la fecha, no son objeto de “tributación” social en favor del trabajador a quien sustituyen y dejan sin empleo.

Los trabajadores autónomos, cotizarían conforme a los ingresos menos costes de terceros derivados de su contabilidad, cuya liquidación, se ingresaría con carácter semestral aplicando a quienes así se acojan, el régimen de Caja del IVA.

Con vistas a la reforma del sistema de financiación aquí comentado, la propuesta planteada, podría sería objeto de discusión como política de Estado dentro del Pacto de Toledo, necesitando del consenso o aprobación de la mayoría de fuerzas políticas con un horizonte de revisión de 10-15 años.

Los Números

A título indicativo, manteniendo sin cambio la recaudación total de cotizaciones sociales, una rebaja de 3 puntos porcentuales en la cuota empresarial, supondría un incremento de 1,7 puntos en la aportación del asalariado, rebajaría los costes laborales de la empresa en un 2,3% y aumentaría la recaudación en el Impuesto de Sociedades en aproximadamente 1.700 millones de euros.

Para compensar la subida hasta el 8% en la aportación del asalariado, se concedería una rebaja de 2,1% en su retención de IRPF, acomodando los tipos medios estatal y autonómicos que resulten de la rebaja.

La base máxima de cotización para 2018 asciende a 45.014 euros. Se fijarían dos bases adicionales, una hasta 150.000 euros con una cuota del 10,5% distribuída por partes iguales entre empresa y asalariado, y otra para salarios superiores a 150.001 con una cuota del 5% -2,5% empresa + 2,5% asalariado-. Con datos de la liquidación del IRPF del año 2016, el aumento propuesto, añadiría anualmente unos 3.100 millones de euros a los ingresos de la Seguridad Social, en tanto que la recaudación de IRPF se vería disminuida, por la rebaja en 2,1% de las retenciones, en unos 2.000 millones de euros/año.

Como resumen de lo anteriormente expuesto, el ahorro en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, agregaría 1.700 millones a la recaudación del Impuesto sobre Sociedadessin necesidad de incrementar la presión fiscal con nuevas figuras tributarias bien sectoriales, ej. impuesto a las entidades financieras, o finalistas, impuesto para financiar el déficit del sistema de financiación de las pensiones contributivas-. Adicionalmente, el incremento –destope– de las bases máximas de cotización, añadirían otros 3.100 millones lo que junto a la menor recaudación en el IRPF, significaría un aumento neto de 2.800 millones de euros.

La imposición sobre los dividendos en España tal como se aprecia en el cuadro siguiente, resulta, tras Italia y Reino Unido, ser la más baja entre los países comparados.

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El tercer eje de la propuesta, sería un impuesto adicional del 5% sobre los dividendos y remuneraciones asimilables (bonuses, contribuciones a fondos de pensiones, opciones sobre acciones, indemnizaciones por resolución de contratos de alta dirección) de fuente española, repartidos por las empresas con sede en España y facturación anual superior a 50 millones de euros. Este impuesto serviría para nutrir la Hucha de las Pensiones y así dotar al sistema de una fortaleza frente a ciclos económicos adversos, resistencia de la que carece en la actualidad.

Lamentablemente no es posible hacer una estimación razonable del ingreso potencial, pues la información sobre el total de dividendos distribuidos, no es un dato que facilite la OCDE, ni el INE o el Eurostat.

El cuarto eje de la propuesta, sería un impuesto adicional del 1% de los activos fijos de las empresas con volúmen de negocio superior a 50 millones de euros. Dicho impuesto, al igual que el referido a los dividendos, se destinaría a nutrir La Hucha de las Pensiones.

Finalmente, el tema de la jubilación activa, merece consideración aparte, por cuanto el actual estatus quo de quienes aspiran a seguir activos en tanto mantienen su bien ganada condición de pensionistas, dista mucho de ofrecer una solución razonable al problema.

Licencia Creative Commons Esta obra de Miguel Sánchez de Pedro está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional

 

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